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Para garantizar la legalidad de su actividad, las empresas que ofrecen productos y servicios financieros deben cumplir con una gran cantidad de leyes y normativas. Entre ellas destacan la normativa contra el blanqueo de capitales (AML), el RGPD, la normativa sobre pagos, la seguridad de la información…
Sin embargo, debido al elevado coste y al tiempo que requieren los trámites relacionados con el cumplimiento normativo, el número de empresas que buscan alternativas crece día a día. En respuesta a la demanda de dichas alternativas, cada vez son más las empresas que empiezan a ofrecer soluciones financieras que facilitan el cumplimiento normativo (CEF) que se encargan de las tareas burocráticas más pesadas en nombre de sus clientes.
Sin embargo, antes de entrar en demasiados detalles, definamos primero los términos y partamos de ahí.
¿Qué es una solución financiera que cumple con la normativa?
En pocas palabras, una solución financiera que cumple con la normativa es un producto o servicio que permite a una empresa cliente prestar servicios financieros bajo su propio nombre sin tener que obtener una licencia bancaria o garantizar el cumplimiento normativo utilizando sus recursos internos.
En otras palabras, con una solución CEF «plug-and-play», tu empresa se convierte, total o parcialmente, en un proveedor de servicios financieros, al tiempo que externaliza los aspectos legales asociados a un equipo autorizado de expertos del sector. Esto permite a las startups no financieras, las fintech y las empresas tradicionales disponer de más tiempo y recursos para centrarse plenamente en su crecimiento y expansión.
El panorama jurídico y normativo actual
Gestionar todos los pormenores del cumplimiento normativo Sin una ayuda externa significativa, esta opción solo es viable para las grandes empresas que cuentan con personal suficiente y liquidez de sobra. Por ejemplo, el proceso de solicitud de una licencia bancaria puede durar entre seis meses y varios años, dependiendo de la jurisdicción y de otras variables. Además, resulta muy costoso.
Prácticamente lo mismo puede decirse de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de identificación de clientes (AML/KYC), la diligencia debida continua, las evaluaciones de riesgo de los clientes, la comprobación de bases de datos con las listas pertinentes de personas políticamente expuestas (PEP) y de sanciones, y otras funciones necesarias. Es muy probable que no dispongas ni del tiempo ni de los conocimientos especializados internos necesarios para gestionar todo esto adecuadamente por tu cuenta.
Esto significa que probablemente tendrás que repartirlos entre diferentes contratistas, lo que supondrá costes adicionales y te expondrá a posibles problemas de compatibilidad. Como alternativa, puedes crear tu propio departamento de cumplimiento normativo, lo que requerirá contratar y formar a personal adicional —y que nunca generará ingresos—.
Con CEF, en cambio, ni siquiera tienes que preocuparte por nada de eso.
Los proveedores de soluciones financieras que cumplen con la normativa están además obligados a implantar todos los procesos internos necesarios para la notificación de actividades sospechosas (SAR), informar a diversas autoridades, someter a pruebas periódicas las herramientas de detección para garantizar una calidad constante y contar con personal suficiente para cubrir todas las necesidades.
Por último, es importante señalar que el incumplimiento de los requisitos legales y normativos puede acarrear sanciones importantes, repercusiones legales y daños a la reputación de los proveedores de CEF. Esto les supone una presión adicional considerable para mantenerse al día de las últimas novedades en materia de política financiera nacional y mundial.
Futuros retos normativos para los CEF
El panorama normativo está evolucionando rápidamente y, dados los retos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad, ya se vislumbran aún más cambios en el horizonte.
Por un lado, la guerra en Ucrania, el aumento de las tensiones entre EE. UU. y China y el deterioro del tejido del comercio mundial están obligando a los reguladores a prestar mayor atención a la autonomía estratégica, la seguridad nacional y regional, y el impacto en los clientes. La nueva normativa británica sobre la «obligación para con el consumidor», que entrará en vigor en 2023, es un ejemplo entre muchos de cómo la legislación está intentando hacer frente a estos retos.
Ante la caída en picado del precio de las criptomonedas en 2022, la UE ha estado trabajando sin descanso para aplicar cambios que protejan a los inversores de futuras crisis. Como resultado, los legisladores del Parlamento Europeo han aprobado el primer paquete normativo integral del mundo —el Reglamento sobre los mercados de criptoactivos (MiCA)— destinado a regular el sector de las criptomonedas.
En relación con lo anterior, también existe un consenso cada vez mayor a nivel mundial en que las stablecoins (criptomonedas de precio fijo cuyo valor de mercado está vinculado a otro activo estable) deberían estar respaldadas por moneda fiduciaria para mejorar la transparencia y la divulgación de información.
Otro factor que impulsa el cambio normativo es el impulso cada vez mayor hacia la digitalización, sobre todo desde el inicio de la pandemia. A falta de normas específicas que regulen la inteligencia artificial, los servicios en la nube y las empresas no financieras que prestan servicios financieros, los legisladores están haciendo todo lo posible por regular el comportamiento empresarial tal y como se manifiesta a través de la tecnología, en lugar de regular la tecnología en sí misma.
Además, existen numerosas iniciativas políticas —al menos algunas de las cuales podrían aprobarse ya este año— destinadas a reforzar la resiliencia de las empresas en períodos de agitación económica, fomentar los bonos verdes, los fondos ESG y otras medidas.
